La primera visita permite conocer el asunto, exponer sus antecedentes y realizar una valoración inicial del caso. El coste de la visita se comunicará previamente y, si se encarga la dirección letrada del asunto, se considerará un anticipo de los honorarios profesionales. Si finalmente no se formaliza el encargo, se abonará el importe correspondiente a la visita.
Se estudiarán las circunstancias del caso, sus antecedentes y su viabilidad jurídica y económica. Asimismo, se informará al cliente de la documentación necesaria, las pruebas que puedan resultar pertinentes, los profesionales que pudieran intervenir y los costes previsibles.
Antes de iniciar la vía judicial, se formalizará la correspondiente hoja de encargo profesional. En ella se especificarán el trabajo a realizar, el sistema de cálculo de los honorarios, su previsión económica atendiendo a la complejidad del asunto, la forma de pago y, en su caso, los profesionales intervinientes.
El cliente conocerá de antemano el alcance del encargo y la previsión de su coste, con la máxima transparencia y claridad. Si durante el procedimiento surgieran actuaciones adicionales o circunstancias que pudieran afectar a los honorarios inicialmente previstos, se informará al cliente.
Las consultas jurídicas tendrán un coste acorde con la naturaleza de la cuestión planteada, su complejidad y el trabajo necesario para ofrecer una respuesta rigurosa. El importe se comunicará previamente al cliente.
Un buen asesoramiento jurídico no consiste únicamente en resolver un problema cuando ya se ha producido. La labor preventiva del abogado y el análisis riguroso de cada situación pueden ayudar a evitar errores, anticipar riesgos y prevenir conflictos futuros.
Antes de tomar una decisión con consecuencias jurídicas, es aconsejable conocer las opciones disponibles, sus riesgos y sus posibles costes. Elegir un profesional por la calidad de su asesoramiento y la confianza que transmite puede ser tan importante como el coste de sus honorarios.